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Cofavic: Asaltos a residencias son una forma inadmisible de castigo ejemplarizante


CAR01. CARACAS (VENEZUELA), 14/06/2017.- Una mujer protesta en la entrada de las residencias Los Verdes ubicadas en el oeste de Caracas (Venezuela) hoy, miércoles 14 de junio de 2017. El oeste de Caracas fue sacudido anoche por la policía militarizada en un operativo que terminó, según el Gobierno venezolano, con la detención de 23 "terroristas" mientras que opositores aseguran hoy que se trató de una acción "terrible" en la que funcionarios causaron destrozos materiales y dispararon a mascotas. EFE/Miguel Gutiérrez
Una mujer protesta en la entrada de las residencias Los Verdes ubicadas en el oeste de Caracas (Venezuela) el miércoles 14 de junio de 2017. El oeste de Caracas fue sacudido  por la policía militarizada en un operativo que terminó, según el Gobierno venezolano, con la detención de 23 “terroristas” mientras que opositores aseguran hoy que se trató de una acción “terrible” en la que funcionarios causaron destrozos materiales y dispararon a mascotas. EFE/Miguel Gutiérrez

 

Cofavic, ONG dedicada a la protección y promoción de derechos humanos, exige a las autoridades competentes que inicien investigaciones de oficio por el asedio, hostigamiento y ataques a diferentes residencias en el país y que, brinden atención integral a las víctimas, tras el aumento de la práctica sistemática de la represión indiscriminada por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en los últimos días, publica Correo del Caroní.

“Hacemos un llamado urgente al Ministerio Público a fin de que designe fiscales especiales que reciban las denuncias sobre ataques a residencias”. El exhorto lo realiza la ONG a través de un comunicado público, en el que solicita que las referidas investigaciones sean independientes, oportunas, imparciales, transparentes y efectivas.

Entre las solicitudes del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), destacan “el respeto al debido proceso y las garantías judiciales durante los procesos de allanamiento a residencias y, de todas las personas  privadas de libertad y que cuyas actuaciones y detenciones estén, sin excepciones,  bajo el control constitucional del Ministerio Público. Asimismo, se dé inmediata libertad a todas aquellas personas que tengan una decisión al respecto sin más dilaciones”.

Con manifiesta preocupación, la ONG pide que se garantice el libre ejercicio de la libertad de expresión y de información y, se proteja a los comunicadores sociales,permitiéndoles realizar su trabajo de manera efectiva y segura y, que se investiguen sin dilaciones y de manera independiente todas las agresiones sufridas por los periodistas y trabajadores de medios de comunicación en general.

Señalan que el ejercicio de la fuerza y de las competencias de las autoridades no son ilimitadas y, de sus restricciones depende la legitimidad y la legalidad del accionar del Estado. “Con la gravísima ejecución del denominado terrorismo de Estado, se pierden límites, propósitos, distinciones y sentido de humanidad”.

Los ataques de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y policías estadales, carecen de los parámetros legales mínimos, que han puesto en grave riesgo la integridad personal y las propiedades de numerosas familias, “generando efectos severos a nivel emocional en las personas que han sido expuestas a estas atrocidades. Consecuencias que serán muy difíciles de reparar y que deben ser atendidas por las autoridades de inmediato”.

A partir de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2017, los cuerpos de seguridad del Estado han sembrado caos y terror con ataques y jornadas de hostigamiento a zonas residenciales que, implican pérdidas por daños a bienes materiales y también pérdidas simbólicas, pues este tipo de incursiones dejan en la población residente un profundo temor y una sensación de indefensión.

En el estado Mérida han sido afectados los sectores El Campito y la avenida Cardenal Quintero. En Lara, vecinos de la urbanización Sucre, en la avenida Libertador de Barquisimeto, denunciaron horas de terror por ataques de  la GNB; así como, vecinos de las residencias Altavista, ubicada en la avenida Ferrero Tamayo de San Cristóbal, estado Táchira.

En Carabobo y en el estado Zulia, igualmente se han presentado casos. En el Área Metropolitana de Caracas se han registrado ataques directos con bombas lacrimógenas, disparos y destrozos en residencias de El Valle, El Paraíso, Montalbán, Palo Verde, Petare, avenida Victoria, Candelaria, San Bernardino, San Martín, La Vega, La Urbina y El Llanito, así como en San Antonio de los Altos, ubicado en el estado Miranda, entre otros sectores.

Antes estos desmanes Cofavic explica que la actuación de los funcionarios del Estado, violenta  el interés superior de la protección de la familia, niños y ancianos, que goza de primacía en cualquier circunstancia y que obliga al Estado a indefectiblemente a asegurar su protección y garantía. “Ningún derecho humano puede estar sujeto a suspensión, únicamente algunas garantías pueden ser restringidas temporalmente y estrictamente bajo el procedimiento constitucional previsto en los artículos 337 al 339 de la Constitución”.

El objetivo de la estrategia que aplica el Gobierno es sembrar desconfianza en las comunidades, romper el tejido social y dispersar cualquier iniciativa de organización social y ciudadana. Por la crueldad y desproporción que se han producido, constituyen una especie de castigo ejemplarizante que no tiene otra intención que la sumisión individual y colectiva al perpetrador y sus propósitos”, alerta Cofavic.

Es por actuaciones como esta, que actualmente el Gobierno venezolano es señalado en instancias internacionales como violador de derechos humanos y son cada vez más las voces que lo condenan. En este sentido, la ONG advierte que ser cómplice del terror por acción u omisión configura la institucionalización del crimen de lesa humanidad.

“En toda circunstancia por grave y violenta que sea, los Estados están en el deber de establecer un conjunto de normas que por razones humanitarias limiten los efectos de los conflictos y procedimientos que las autoridades desarrollen”.

Aseguran que los principios de humanidad, proporcionalidad, distinción  y limitación deben estar en vigencia “incluso en situaciones de conflicto armado interno o externo y en desarrollo del Derecho Internacional Humanitario -situación que afortunadamente no es la nuestra- y que, demuestra que hay un núcleo duro de derechos y protecciones que no deben ser traspasadas por los Estados en ninguna circunstancia”.



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